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Carlos de la Riva y Javier Granda - |
La nueva
comisión ejecutiva regional de UGT, formada por Carlos de la Riva,
Secretario Responsable Comarcal de UGT en La Rioja Baja, y Javier
Granda, Secretario General de UGT, ha finalizado el X Congreso y ha
recorrido diferentes comarcas para acercarse a escuchar los problemas de
los trabajadores y de cada municipio y exponer las resoluciones del
congreso.
El martes, 7 de julio, se reunieron con el Alcalde de Calahorra, Javier
Pagola, al cual "le trasladamos diferentes inquietudes sobre la
confección de los presupuestos generales de los ayuntamientos para el
próximo año y le pedimos que la partida presupuestaria de ayudas de
emergencia a los trabajadores que pierdan el empleo y la prestación por
el mismo", señaló Granda. La respuesta fue positiva, de hecho se informó
a UGT de que este año se ha incrementado la partida presupuestaria para
ayudas sociales desde los 12.000 hasta los 36.000 euros debido a las
necesidades alimenticias de algunas familias de la ciudad.
Los inmigrantes también protagonizaron la reunión, ya que desde el
Ayuntamiento se informó que se ha detectado un menor número de
escolarización desde este colectivo (45 menos que en el curso anterior),
lo que indica que "debido a la situación de desempleo que hay en la
región, los inmigrantes fluyen de una localidad a otra", concluyó
Granda. El Secretario General de UGT aclaró que "en La Rioja existen
19.784 parados, aunque en mayo se registró un descenso de 466 parados y
278 en junio, aunque esto puede deberse al empleo que se genera en esta
época del año, que es un empleo estacional fruto del turismo y de la
agricultura. Pero habrá que esperar a septiembre u octubre para conocer
si esos datos se mantienen".
Desde el sindicato adelantan que se realizará un análisis de la
situación de la región y que se está barajando la posibilidad de que se
alarguen las prestaciones por desempleo en seis meses a un año, algo que
ya se ha llevado a cabo en Castilla y León y en Murcia. También
pretenden que se contemple el derecho al reconocimiento del salario
social para los trabajadores y ciudadanos de la región para que tengan
acceso a una cuantía determinada.
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