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   CALAHORRA LA RIOJA - COMERCIO -   MIÉRCOLES - 27-10-10 - 10:00h.

El Fiscal archiva la denuncia contra Óscar Eguizábal


El Fiscal de La Rioja ha archivado las Diligencias Informativas incoadas por la denuncia interpuesta por posibles delitos contra la Administración Pública por parte del Concejal Óscar Eguizábal, aunque la fiscalía advierte que la denuncia puede ser reiterada por vía administrativa o penal, actuaciones que el Psoe está valorando. El Grupo Municipal Socialista, recuerda que el fiscal reconoce que "han podido existir delitos, pero no se han encontrado pruebas de ellos".

CALAHORRA LA RIOJA 27-10-10 - 10:00h.

- Luis Martínez- Portillo y Óscar Eguizábal, durante la comparecencia ante los medios -

El equipo de Gobierno informó que el Fiscal de La Rioja ha archivado la denuncia interpuesta por David García, como concejal del Psoe de Calahorra, el 23 de abril de 2010 denunciando las presuntas irregularidades cometidas por el concejal de Comercio, Óscar Eguizábal.
Los delitos por los que se le acusaban en la denuncia son: alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, abusos en el ejercicio de su función, omisión del deber de perseguir delitos. "Se ha hecho de forma sigilosa, sin darlo a conocer a los medios de comunicación", indicó el portavoz del equipo de Gobierno, Luis Martínez-Portillo.
El decreto de Fiscalía con fecha del 13 de octubre acuerda el archivo de las diligencias "por considerar que no existe ni delito ni falta", aclaró el portavoz. "David García, influenciado por sus ganas de adquirir la alcaldía de Calahorra y viendo que carece de capacidad para ello, ha dado un salto más y ha denunciado a un concejal por hechos que no han resultado ciertos", apuntó Portillo.

La valoración del PP
Tras exponer los hechos, Luis Martínez- Portillo indicó que "el equipo de Gobierno no es perfecto ni lo va a ser nunca, cometemos errores y podemos equivocarnos en el procedimiento, evidentemente por desconocimiento y sin mala fe, y eso es lo que menciona el Fiscal en su decreto". Además, el portavoz se atrevió a señalar que "David García no podrá aspirar a más ni Calahorra podría aspirar a menos. Lo único que pretendemos es que se dé la justicia de las urnas y la de los ciudadanos".
Por su parte, el concejal de Comercio, Óscar Eguizábal, valoró de forma muy positiva la resolución y mostró su satisfacción debido a que "se ha puesto fin a este acoso y derribo que he venido sufriendo por parte del Psoe de Calahorra contra mi persona desde el ámbito político, personal y profesional".
Sin embargo, el Psoe a través de una nota de prensa enviada horas después de la comparecencia de los concejales del PP, afirmó que "la Fiscalía reconoce que se realizaron contrataciones irregulares por parte del Ayuntamiento de Calahorra". Además, declaran que solicitaron las explicaciones del concejal y desde el equipo de Gobierno se negaron, también pidieron que compareciera en pleno y el "PP con su mayoría absoluta negó esta posibilidad", por lo que se trasladó el hecho a la Fiscalía.

Por encima de lo permitido
Los hechos denunciados fueron: "Contrataciones por encima del máximo permitido en al menos quince ocasiones, contratación irregular del contrato de telefonía, contratación prácticamente en exclusiva a la empresa 123 bolos durante al menos 24 meses y fraccionamiento de contratos".
Así, el Psoe en su nota señala que "el Decreto de Fiscalía concluye que aunque han podido existir delitos no se han encontrado pruebas, por lo que archiva las diligencias previas y ofrece al GMS la posibilidad de emprender acciones judiciales por vía administrativa o directamente acudir a los juzgados por vía penal, opciones que estamos valorando". En este sentido el PSOE declaró que "la buena fe de este grupo queda demostrada ya que pese a conocer que la fiscalía estaba investigando, no habíamos hecho pública esta circunstancia". El Decreto del Fiscal Por su parte, el decreto del Fiscal señala que "fraccionar el objeto de un contrato para disminuir su importe es motivo para calificar tal contrato como ilícito desde el punto de vista administrativo, pero no podemos hablar de un ilícito penal". Además, apunta que "para considerar la comisión de un delito contra la Administración Pública es necesario que se hubiese influido en un funcionario o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste". También señala que en muchas ocasiones se requiere "probar unos pagos de dinero o de otro tipo, que casi siempre son muy difíciles de acreditar". Finalmente, el Fiscal recuerda a García que "tiene derecho a reiterar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Calahorra".


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