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El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Calahorra, Óscar Moreno, adelanta la moción que va a presentar en el pleno de noviembre que se celebrará en Calahorra el lunes 26. Moción sobre el impuesto de las hipotecas y para impulsar la creación de la Banca Pública.
D. JULIÁN OSCAR MORENO, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Calahorra, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente “MOCIÓN PARA MOSTRAR EL RECHAZO A LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ANULAR LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS Y PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 18 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que establece que serán los bancos, y no sus clientes, quienes asuman el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante que se paga cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca.
Este fallo responde a un pleito que mantenía la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid, entidad que preside Pedro del Cura, también Alcalde de esta localidad gobernada por Izquierda Unida, con la Comunidad de Madrid, perceptora del tributo. El Alto Tribunal sentencia ahora a favor de la Empresa municipal, al tiempo que cambiaba su propia doctrina y varía la jurisprudencia hipotecaria.
Sin embargo, tan solo un día después el Tribunal Supremo suspendía de manera insólita el fallo de la Sala Tercera por su “grave repercusión económica y social” y aplazaba la decisión final para el Pleno que se celebraría el 5 de noviembre.
El 6 de noviembre, en menos de un mes, hemos conocido que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -convocado de forma irregular- ha enmendado la doctrina consolidada por la sección del Tribunal experta en materia tributaria para favorecer a la banca privada. El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás y ha decidido que sea el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas (el impuesto de Actos Jurídicos Documentos). Sin duda hemos asistido a una de las maniobras que más claramente han evidenciado la subordinación del Poder Judicial ante los intereses de la banca privada.
Los bancos cada año multiplican sus beneficios y los salarios de sus directivos, mientras la ciudadanía ve cómo se empobrecen sus condiciones de vida, entre otros motivos por habernos obligado a pagar multimillonarios ‘rescates bancarios’.
Tan solo bastaron 24 horas para que la banca se impusiera y dejara sin efecto la decisión adoptada el 18 de octubre. Finalmente, y en menos de un mes, el Tribunal Supremo se ha plegado a los intereses de la banca y además lo ha hecho de forma irregular, pues ni existe norma legal alguna que otorgue competencia a un Pleno de Sala del Tribunal Supremo para dejar sin efecto una sentencia firme ni el Supremo tiene competencias para valorar la ‘repercusión’ de sus sentencias: debe limitarse a aplicar estrictamente la ley y dejar que sean los poderes públicos competentes, en este caso el Poder Legislativo o el Ejecutivo, quienes valoren los efectos de esas sentencias y adopten medidas políticas si ello se entendiera necesario.
Desde Izquierda Unida entendemos que nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto menos, arbitraria.
Los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas. Los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo.
Desde Izquierda Unida apostamos por un polo de banca pública que impida el chantaje que hace la banca privada. Además es imprescindible que, si este país quiere desarrollar una política industrial coherente, que favorezca a las pymes, facilite el acceso a la vivienda y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el paro y sea sostenible económica y ecológicamente, ponga en marcha una banca pública.
Recientemente, el grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso propuso impulsar la creación de un polo de banca pública de depósitos de inversión a partir de Bankia y su fusión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En una proposición no de ley, el grupo confederal abogaba por no privatizar Bankia y que su prioridad sea la de financiar proyectos de infraestructuras, equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo plazo.
España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca pública. En Alemania, la cuota de mercado de la banca pública llega a alcanzar el 24% .y ha demostrado su capacidad de financiar necesidades de investigación e internacionalización. Hasta el propio Banco Mundial, en su informe 'Repensando el papel del Estado en las finanzas', mencionaba "el positivo papel que han jugado los bancos públicos en varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito" o "la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis".
Por eso, es imprescindible paralizar la venta de Bankia. No existe en el Memorando de Entendimiento y el 'Term Sheet' que firmó el Gobierno de Rajoy con las autoridades europeas ninguna especificidad sobre el límite para desinvertir en Bankia, sino que es la propia legislación española la que, de forma indirecta, fija un plazo. Por eso es fundamental que el actual ejecutivo descarte la desinversión. La fusión de Bankia y BMN sitúa a la nueva entidad como cuarto mayor banco por activos de España. En él se han inyectado más de 24.000 millones de euros de fondos públicos, 22.424 millones para Bankia y 1.845 millones para BMN. Es esencial el papel que pueda jugar Bankia-BMN como polo de banca pública para orientar al sector a desempeñar un papel como servicio público. Dirigir la gestión de los ahorros depositados en la banca pública a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo. Ese debe ser el objetivo de una banca pública que permitiría impulsar otra política económica centrada en la creación de una estructura económica dirigida a erradicar el paro estructural y los desequilibrios territoriales.
Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida Calahorra propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
- PRIMERO: Mostrar el rechazo de este Pleno a la inaudita y vergonzosa decisión del Tribunal Supremo de anular la doctrina jurisprudencial creada por sus propias sentencias relativas al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
- SEGUNDO: Instar al Gobierno Central a que impulse la creación de un polo de banca pública, paralizando la venta de Bankia, y dirigir la gestión de los ahorros depositados en esta banca pública a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo |
