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LUNES - 22-02-2010 - LA RIOJA

La Guardia Civil desarticula una red que vendía documentaciones falsas a inmigrantes irregulares

• Facilitaban permisos de residencia obtenidos con documentos falsos a precios que oscilaban entre los 12.000 y 15.000 euros, llegando en alguna ocasión a exigir favores sexuales a mujeres para la entrega de la documentación
• La operación se salda con la detención de 23 integrantes de la red y la incautación de gran cantidad de documentaciones falsas en los 20 registros practicados en domicilios y empresas

La Guardia Civil, en la denominada operación Harrag, llevada a cabo en Navarra, Murcia y La Rioja, ha desarticulado una red organizada dedicada a falsificar documentaciones para regularizar la situación de inmigrantes que se encontraban ilegalmente en España. Han sido detenidos 23 integrantes de la red y se han incautado numerosas documentaciones falsas.
Las investigaciones comenzaron en abril del año 2009 a raíz de varias identificaciones de ciudadanos extranjeros en la zona de la Ribera de Navarra, que hicieron sospechar de la falsedad de algunos de los documentos que portaban.
Las primeras investigaciones permitieron determinar la existencia de un grupo delictivo perfectamente organizado y jerarquizado, cuya finalidad principal era facilitar la documentación preceptiva para obtener la regularización de personas procedentes del Magreb, los cuales se encuentran en España en situación irregular.
Entre las acciones que llevaban a cabo se encuentran la falsificación de certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y nóminas de ciudadanos magrebíes, que con esa documentación solicitaban el permiso de residencia en España.
Los integrantes de la red captaban directamente a inmigrantes indocumentados que necesitaran obtener los distintos documentos para su posterior regularización. En otras ocasiones lo hacían a través de otros inmigrantes que los ponían en contacto con la red a cambio de comisiones.

Implicados un miembro de una asociación de inmigrantes y una funcionaria
Una vez establecido el contacto, el inmigrante hacía entrega de una fotocopia de su pasaporte y de un certificado de empadronamiento que en algunas ocasiones había sido conseguido previamente por un miembro de una asociación de inmigrantes con sede en Tudela (Navarra).
Esta documentación era entregada a una funcionaria de un ayuntamiento de Murcia, conocida entre los investigados como “La Señora”, que se encargaba de expedir un certificado en el que constaba que el inmigrante había estado empadronado en distintos domicilios de la localidad durante el tiempo suficiente exigido para poder solicitar el permiso de residencia por arraigo social.
Una vez realizado el pago total del dinero exigido, entre 12.000 y 15.000 euros, esta documentación era entregada a los inmigrantes. Más tarde y también a cambio de otra gran cantidad de dinero, los miembros de la red les conseguían contratos de trabajo o nóminas, valiéndose para ello de empresarios del sector agrícola, que también formaban parte de la red y que recibían importantes cantidades de dinero a cambio.
Para no levantar sospechas de la Administración los inmigrantes procedían de distintas comunidades autónomas y provincias, entre las que se encuentran Navarra, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Lleida, Barcelona, Huelva, Cáceres y Soria, de forma que cada uno tramitaba su documentación por sus correspondientes oficinas.
Igualmente, se ha descubierto que la red facilitaba contratos de trabajo o nóminas a extranjeros que ya se encontraban en situación regular en España, pero que necesitaban esos documentos, bien para renovar sus permisos de residencia o bien para realizar reagrupaciones familiares.